La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha subrayado que la regulación del despido en España está en el punto de mira para una posible reforma. En declaraciones recientes, Díaz ha destacado que esta cuestión será tratada en la mesa de diálogo social y se adaptará a las directrices de la legislación europea. Las observaciones de Díaz llegan tras el fallo preliminar del Comité Europeo de Derechos Sociales, que ha criticado la normativa española sobre indemnizaciones por despido improcedente, alegando que «viola» el artículo 24 de la Carta Social Europea.
El Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS), órgano cuyas decisiones no son vinculantes para los países de la Unión Europea, ha concluido que la legislación española incumple la Carta Social Europea al topar el despido improcedente y no garantizar una indemnización adecuada que repare el daño al trabajador.
Concretamente, la resolución señala que nuestro país limita a 33 días por año trabajado con un máximo de hasta dos anualidades el despido improcedente. Además, indica que la baja cuantía de estas compensaciones tampoco disuade a las empresas de evitar futuros despidos injustificados.
La resolución podría abrir la puerta a que la indemnización por despido se fije caso a caso. Es decir, a establecer una compensación a medida de cada trabajador despedido, en función de si ha habido algún tipo de discriminación por parte de la empresa que haya podido causar daños morales al trabajador o lucro cesante.
Cabe recordar que la resolución del Comité llega como respuesta a la denuncia presentado en marzo de 2022 por UGT contra el despido en España. Según han trasladado desde el sindicato, esta nueva resolución se pronuncia en los términos en los que ya lo hizo anteriormente respecto a demandas planteadas contra Francia, Italia y Finlandia, y que hablaban de que las indemnizaciones improcedentes estuvieran tasadas y limitadas.
La vicepresidenta ha enfatizado que la reforma del despido ya está contemplada en el acuerdo de gobierno. «Es esencial que el derecho europeo, como hemos hecho con otras materias en nuestro país, se integre en nuestra legislación», ha afirmado Díaz.
A pesar de la controversia, Díaz ha señalado que el problema del despido no es tan acuciante en España. «Los empresarios no contratan para despedir», ha afirmado con firmeza, añadiendo que el despido no debe considerarse un problema significativo en el país.